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El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) ha aplazado una decisión crucial sobre la legalidad de los subsidios a los costes de construcción (BKZ) para sistemas de almacenamiento de electricidad bajo el modelo de precios basado en el rendimiento. La Asociación Alemana de Almacenamiento de Energía (BVES) ha criticado duramente el retraso, argumentando que la falta de claridad perjudica a todos los interesados y socava la estabilidad del sistema energético. Según la BVES, nuevos aplazamientos son injustificables y perjudiciales para la urgente expansión de las tecnologías de flexibilidad en el sector energético.
El núcleo de la disputa legal radica en si los sistemas de almacenamiento deben clasificarse como consumidores de electricidad. Según la normativa alemana vigente, los consumidores asumen los costes de expansión de la red, una categoría que, según la Agencia Federal de Redes (BNetzA), incluye el almacenamiento de energía.
Urban Windelen, director general de BVES, enfatiza que la legislación energética vigente (EnWG) ya define los sistemas de almacenamiento como herramientas para la transformación del consumo energético. «Las implicaciones legales de esta definición deben finalmente implementarse», afirma. «La normativa de la red eléctrica debe evolucionar para reflejar el papel moderno del almacenamiento en el sistema energético. Más retrasos son inaceptables para la industria».
En diciembre de 2023, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf (OLG) falló a favor de un operador de almacenamiento que impugnaba un BKZ calculado según modelos de precios tradicionales. La decisión proporcionó a BNetzA un marco bien fundamentado para reevaluar las estructuras de subsidios. En lugar de aprovechar esta oportunidad, BNetzA se opuso al fallo y publicó un documento de política contradictorio, lo que generó meses de incertidumbre, inversiones estancadas y disputas sobre el diseño de los subsidios al almacenamiento.
Windelen destaca el impacto más amplio: «Esta incertidumbre no solo obstaculiza los proyectos de almacenamiento y las inversiones privadas, sino que también complica el trabajo de los operadores de la red. La planificación se alarga, los costos se disparan y las soluciones de flexibilidad vitales se quedan en el camino, a pesar de las promesas políticas de acelerar la implementación del almacenamiento y reducir las barreras burocráticas».
La BVES insta a la BNetzA y a los legisladores a colaborar con los actores del sector para establecer soluciones jurídicamente sólidas y prácticas, sin esperar una sentencia judicial definitiva. Devolver el caso al tribunal de Düsseldorf podría prolongar el estancamiento durante meses o incluso años. «No podemos permitirnos este retraso si realmente queremos construir un futuro energético resiliente», concluye Windelen.
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